Briozzo explicó que actualmente “la agenda de la salud de la mujer vertebra las acciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública (MSP)” a través de las normativas que se han implementado tanto en el actual gobierno de José Mujica como en el anterior de Tabaré Vázquez.



En particular, el funcionario destacó la ley de defensa de los derechos humanos y reproductivos y la de interrupción del embarazo como dos grandes componentes del conjunto de normas que tienen como objetivo “que las mujeres puedan decidir qué es lo mejor para su vida y su salud y que, desde el ámbito sanitario, se las ayude a la toma de decisiones conscientes de que contribuyan a disminuir enfermedades, la muerte materna y el número de abortos”, explicó.



Destacó además que, con las políticas de reducción de riesgo y daño que el Gobierno ha desarrollado en los últimos 10 años, Uruguay alcanzó uno de los guarismos más bajos en el mundo en cuanto a la cantidad de abortos y se posicionó en tercer lugar en América en la escala de baja tasa de mortalidad materna.



Estos antecedentes son los que permiten proyectar la “consolidación de este modelo como el adecuado para disminuir la práctica del aborto” señaló.



Uno de los proyectos a seguir trabajando para el próximo periodo de gobierno será el desarrollo de un sistema nacional de cuidados.



Briozzo indicó que es un “elemento que pone el eje en la discriminación que existe en los cuidados a lo interno de la casa de los niños, los discapacitados o los ancianos, que generalmente es un trabajo no remunerado y realizado en su mayoría por mujeres”.



La intención, con la implementación de ese sistema, es que este trabajo sea remunerado y no recaiga como algo a natural solo sobre las mujeres, ya que esos son los factores que más las excluyen del desarrollo académico, del mercado del trabajo y de la inserción y el progreso social.



Resaltó que uno de los desafíos más importantes es hacer que los ciudadanos sean conscientes de los cambios en el marco normativo, jurídico y en de políticas públicas, “para que impacten  más y mejor es su vida cotidiana y para que se comprenda que los derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros y que todos tenemos que pelear para que esos derechos se concreten en hechos”.



En este sentido, el subsecretario se remitió a la objeción de conciencia masiva por parte del cuerpo de ginecólogos del departamento de Salto que se negaron a prescribir los fármacos correspondientes para interrumpir el embarazo.



Respecto del tema, explicó que, como una forma de garantizar el cumplimiento de este derecho, desde hace ocho meses se traslada hasta el departamento de Salto una ginecóloga que trabaja allí realizando los procedimientos y las prescripciones del fármaco.